La plataforma ciudadana Unidas Avanzamos de Don Benito ha registrado formalmente una batería de escritos administrativos ante el Ayuntamiento de Don Benito, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental y el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura. Denuncia la "irresponsable" gestión del equipo de gobierno local en la subasta de la finca municipal «La Serrezuela» (expediente CON/2026/0097) y censura "la pasividad e inactividad del grupo de la oposición municipal, que ha asistido sin resistencia ni fiscalización al desmantelamiento de este espacio".
En la impugnación presentada ante el consistorio, exigen la suspensión cautelar e inmediata de la subasta de 277,6 hectáreas tras detectar una devaluación injustificada del 19,2% en el precio de licitación, lo que representa una pérdida superior a 321.000 euros para las arcas públicas en solo cuatro meses. Desde la plataforma denuncian además la falta de planos georreferenciados oficiales que avalen la delimitación de las 41 hectáreas reservadas para el yacimiento «Abrigo del Lince», contraviniendo la Ley 27/2006 de información ambiental, y solicitamos formalmente intervenir en el Escaño Ciudadano del próximo Pleno Municipal.
Ante el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, requieren un informe de incompatibilidad urgente por la afección a un suelo protegido por la Red Natura 2000 y catalogado como área crítica del lince ibérico, alertando de que la privatización pone en riesgo la sostenibilidad de los fondos europeos comunitarios LIFE+Iberlince invertidos en la reintroducción de ejemplares como Osiris y Oriel. Asimismo, instan a la Junta de Extremadura a ejercer el derecho de tanteo previsto en el artículo 246 de la Ley Agraria para evitar la fragmentación del ecosistema.
En el escrito remitido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, recuerdan que las pinturas rupestres del Abrigo del Lince gozan de protección automática como Bien de Interés Cultural ex lege por la Ley 16/1985 y exige la incoación de expediente para declarar las 318 hectáreas de la finca como Paisaje Cultural y Monte Protector, dada su vinculación con el conjunto arqueológico de la finca colindante Doña Blanca y la ilegalidad de fragmentar su entorno de protección.
Unidas Avanzamos señala directamente la falta de iniciativa y control de la oposición municipal, que ha abandonado la defensa del patrimonio público obligando a la ciudadanía a liderar las acciones legales. De no paralizarse el procedimiento, la plataforma confirma que se guarda el derecho a elevar denuncias ante el Tribunal de Cuentas por lesión patrimonial, ante la Comisión Europea por el uso de fondos comunitarios, ante el Defensor del Pueblo por opacidad y ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
