La presidenta local y portavoz del Partido Popular de Don Benito, María José Valadés, ha manifestado que su formación política se ha interesado varias veces en lo que va de legislatura por la existencia de certificados negativos del registro central de penados en empleados municipales y personal que ejerce tareas voluntarias en actividades del ayuntamiento.
Valadés ha señalado al respecto que "como en tantas otras cosas no nos han facilitado información”.
Las declaraciones de María José Valadés se han producido en una comparecencia en la sede del PP al hilo de los últimos acontecimientos que han salpicado a un agente de la policía local y entrenador del Don Benito Balompié.
“Es un asunto complejo en el que nosotros no vamos a entrar. Respetamos la investigación policial y la actuación de la justicia, que son los que deben trabajar para esclarecer los hechos. Manifestamos todo nuestro apoyo a las familias afectadas, nuestro reconocimiento a la labor de todos los empleados públicos y voluntarios que trabajan en la formación de los niños y jóvenes dombenitenses. Y, hoy muy especialmente, a un club que durante muchos años viene haciendo una magnífica labor en pro del deporte dombenitense”.
Valadés ha informado que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Don Benito solicitó al alcalde en el Pleno del 12 de septiembre de 2016, el certificado negativo del Registro Central de Penados y su declaración responsable como alcalde.
En el Pleno del 31 de octubre dice que volvieron a preguntar si se había hecho extensiva la orden para todas las asociaciones. “En varias ocasiones nos hemos interesado por el asunto preguntando si había requerido a los empleados públicos el certificado, que permite acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual tanto en empleados como voluntarios”, aclara.
Lo solicitaron, dice, “porque es él, como máximo responsable en el Ayuntamiento, el que debe exigir la acreditación de no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad, en el ámbito sexual a todos los empleados públicos y personas que trabajen directamente con menores”.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada en su redacción mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, establece en su artículo 13.5 que: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.
Cuando las asociaciones sin ánimo de lucro colaboran con el Ayuntamiento para realizar algún tipo de actividad, “es el propio Ayuntamiento, cuyo máximo responsable es el Alcalde, quien debe salvaguardar el control y la atención específica tanto de los monitores, entrenadores, programas, desarrollo de actividades”. Cuando una asociación percibe una subvención, el ayuntamiento debe ejercer su control y seguimiento, dice Valadés.
La Asociación Don Benito Balompié ha percibido en el año 2017 una subvención municipal de 6.750 euros.
