La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura considera poco profesional y muy poco ético que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura entienda que no se pueden abrir los centros infantiles de 0 a 6 años sostenidos con fondos públicos por no poder garantizar las normas de seguridad y distanciamiento social y seguidamente diga que la apertura de los centros privados es una decisión particular.
“¿Cómo puede ser que ustedes teniendo acceso a toda la información sanitaria y línea directa con el Gobierno de España y los diferentes ministerios decidan no abrir los centros por seguridad y dejen en nuestras manos la apertura de centros privados sin darnos ninguna información?”, señala esta asociación.
“Además, en caso de que decidamos abrir, existen unas normas de distanciamiento social que para nosotros serían imposibles de cumplir también ¿No se dan cuenta de que o cambian las normas o estaríamos expuestos a ser multados y forzados a cerrar?”, añaden.
Esta asociación sostiene que la administración regional “se ha lavado las manos y nos ha pasado la patata caliente a los centros privados. Ustedes no abren los centros infantiles para no arriesgarse a contagios y que se les pueda culpar de ellos mientras nos fuerzan a algunos de nosotros a abrir por la presión de los padres y el miedo a perder nuestros centros educativos. Así nosotros solucionamos la papeleta de la conciliación pero en caso de que haya contagios ustedes no son los culpables. Y si hay contagios pues ya nos volverán a obligar a cerrar a todos, porque cuando les interesa si que ejercen como Gobierno y usan el estado de alarma para imponer su ley. Así de paso les servimos de “conejillo de indias” para ver las probabilidades de contagio cuando reabran los centros públicos”.
Por otro lado, no se puede decir “la decisión de abrir es de los centros privados y no especificar las condiciones de la apertura. Aunque no importa mucho porque las normas de higiene y distanciamiento en niños tan pequeños son imposibles de cumplir como ustedes han argumentado para justificar la no reapertura hasta septiembre. No nos parece justo que dejen a los centros educativos asumir el riesgo de abrir sabiendo que no van a poder cumplir con la legalidad actual. ¿Qué pasaría si el abuelo de un alumno muere porque el niño se ha contagiado en el centro educativo por no poder respetar el distanciamiento social? ¿podrían los padres del niño denunciar al centro por negligencia? En teoría si porque hay unas normas que no se están cumpliendo por las personas a cargo de esos niños. Ustedes dicen que podemos abrir, pero cumpliendo todas las normas”, argumentan.
Insisten en que “queremos abrir porque mantener nuestros centros educativos cerrados nos cuesta dinero y estamos en una situación muy difícil, pero tienen que dotarnos de un marco legal y sanitario seguro e informarnos de las condiciones en que podremos abrir antes de hacer declaraciones”
Proponen la apertura de todos los centros educativos públicos y privados con un máximo de 3-5 niños por profesor y aula. “Así podremos dar cobertura a los padres que realmente necesitan llevar a sus hijos a los centros por conciliación disminuyendo la probabilidad de contagio. Los alumnos de cada aula sólo podrán tener contacto con un profesor y un espacio (aula y zonas de recreo o comedor diferencias) sin entrar en contacto con el resto de profesores o alumnos del centro. Estas y otras medidas podrían contribuir a la conciliación de buena parte de la población que necesite este servicio sin aumentar exponencialmente el riesgo de contagio. A cambio, la Consejería de Educación debería contribuir al sustento de los centros privados mientras dure esta situación puesto que con estos ratios todos trabajarían con pérdidas”.
En conclusión, “no queremos ser parte del problema, ni contribuir a propagar el virus, pero sí queremos contribuir a la conciliación de nuestras familias que no han dejado de trabajar durante el Estado de Alarma”.
