El Juzgado de lo Social de Badajoz ha estimado parcialmente la demanda presentada por una trabajadora de la residencia de mayores de Santa Amalia contra el Ayuntamiento de este municipio.
El fallo declara nula la decisión del consistorio de modificar sus condiciones de trabajo y obliga al ayuntamiento a abonar a la trabajadora 3.000 euros por daños morales.
Los hechos se remontan al pasado 22 de junio de 2020, cuando la trabajadora demandante impugnó la modificación de las condiciones de trabajo individual a la que “unilateralmente”, según la defensa de la empleada, había sido sometida por dicha corporación en fecha 4 de marzo de 2020, dado que la misma se reincorporaba de baja por maternidad, y se la movilizaba para funciones de inferior categoría.
El bufete de abogados Tapia & Puerto, que representa a la empleada, argumenta que la trabajadora fue cumpliendo con las órdenes del ayuntamiento, “llegando a ser trasladada hasta tres veces de su puesto laboral, siempre de categorías inferiores, viendo modificada su jornada, llegando a realizar jornadas de 12 horas y turnos nocturnos de forma reiterada y sin justificación alguna”.
El mismo bufete, que es una nueva firma establecida en Santa Amalia y Don Benito, señala la transgresión del convenio colectivo de aplicación y el Estatuto de los Trabajadores, y lo injustificada de la medida, habiendo actuado el ayuntamiento de forma "unilateral y sin respaldo del órgano de representación de los trabajadores".
Los letrados Iván Tapia y Raquel Puerto quieren agradecer el gran apoyo mostrado por los vecinos ante la situación vivida por esta trabajadora en dicha residencia de mayores, señalando y agradeciendo el gran sacrificio, esfuerzo y entereza mostrado por los trabajadores de la residencia San Miguel durante los momentos más duros del Covid.
VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Amalia ha manifestado que respeta la sentencia, no la recurrirá, y que la empleada está trabajando como terapeuta desde el 1 de julio, fecha en la que se le comunicó la vuelta a su puesto de trabajo antes de conocer el consistorio su demanda.
El gobierno municipal subraya que la cuantía económica impuesta de 3.000 euros es a todas luces inferior a lo que esta trabajadora pretendía obtener, 60.000 euros “que saldrían de los bolsillos de todos los amalienses por el hecho de salvaguardar su puesto de trabajo en nuestra Residencia”.
El ejecutivo amaliense detalla que es una trabajadora con el título de Integradora Social, que hace labores de Terapeuta, y a la que por reorganización interna y para que siguiera vinculada a la residencia de mayores, se la propuso trabajar durante uno o dos meses como cuidadora en el Centro de Dia (puesto de trabajo más similar al de terapeuta, ya que ni hacia noches, ni trabajaba ni domingos ni festivos), y después pasara de nuevo a terapia para cubrir una extensa baja maternal (10 meses) y posteriormente tras esta incorporación, se vería si el centro seguía con tres terapeutas o se realizaba cualquier acción para que siguiera trabajando en la Residencia.
Según el consistorio, la primera respuesta a esta propuesta fue de consentimiento, “aunque bien es cierto, no quería que su trabajo se modificara, pero al cabo de unos días, cambió totalmente su postura y comunicó que no estaba de acuerdo con esta decisión, por lo que a este Ayuntamiento no le dio tiempo a comunicar este cambio de puesto de trabajo con suficiente antelación a la trabajadora ni al Comité de Empresa”.
El equipo de gobierno argumenta que tras su llegada al consistorio ha comprobado “ciertas deficiencias” en la gestión de la residencia de Mayores San Miguel. Entre las labores llevadas a cabo destaca el ajustar el número de horas trabajadas efectivas a lo que se indica en convenio.
Paralelamente solicitaron informes a la Diputación de Badajoz y a varias empresas del sector para conocer las ratios de la residencia, y en todos los casos, el resultado era un exceso de personal, indica el gobierno local.
Desde el ayuntamiento informan que actualmente hay 50 trabajadores para 50 usuarios, “a todas luces un ratio excesivo. Tampoco olvidemos que durante el estado de alarma, en nuestra residencia se ha producido 14 bajas de usuarios, es decir, un 25 % menos, y, sin embargo se han mantenido todos los puestos de trabajo, sabiendo de sobras la incidencia económica negativa a nuestra arcas municipales”.
A 31/12/19 en un informe de secretaría, la residencia de mayores arrojaba una aportación municipal extra de 521.000 euros. “Esto nos pareció inasumible, no podíamos permitir como Equipo de Gobierno que más de 130 euros de impuestos de cada habitante de nuestro pueblo tuviera que ir a subvencionar la residencia. Teníamos que actuar y por ello, en enero de 2020, se realizaron 7 despidos y se empezó a reorganizar algunas funciones y puestos de trabajo”.
