El juicio por el trágico accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2014 en el que murieron cinco niños de Monterrubio de la Serena quedaba este lunes visto para sentencia.

Después de nueve largas jornadas de vista oral, la magistrada del Juzgado de lo Penal de Don Benito, Beatriz Miranda, levantaba la sesión, tras escuchar las valoraciones finales tanto de la fiscalía como de los distintos letrados de la acusación y de la defensa.
Punto y seguido a este caso, ya que ahora habrá que esperar unos días para el pronunciamiento de su señoría. Este juicio, que arrancaba el pasado 7 de noviembre, afrontaba este lunes su novena y última jornada dedicada a las valoraciones finales. Abrió el turno el fiscal, Diego Yebra.
En su intervención de aproximadamente una hora de duración Diego Yebra expuso detalladamente su valoración sobre las distintas pruebas testificales y periciales practicadas en el juicio considerando el giro intempestivo de la excavadora y el consumo de sustancias estupefacientes por parte del acusado como la causa del siniestro. El fiscal rechazó la presunción de inocencia del acusado por la «numerosa carga probatoria» contra él, destacando las diferentes pruebas en su contra presentadas por los peritos de la Guardia Civil. El fiscal llega a la conclusión de que las sustancias estupefacientes mermaron las facultades del conductor convirtiéndose en una persona «ajena a la realidad». Según Yebra, el conductor del autobús realizó el adelantamiento «con total seguridad», algo que corroboraron el resto de ocupantes del microbús que aseguraron que iban «tranquilos y distraídos» y que el conductor desarrollaba una conducción normal.

El fiscal también señala a los propietarios de la retroexcavadora como responsables civiles subsidiarios del incidente, puesto que tenían «pleno» conocimiento del estado de la máquina y que no se encontraba en condiciones de circular por la vía en la que se produjo el accidente.
Con base en todo ello el fiscal ratificó la petición de pena de cuatro años de cárcel para el único acusado, Fernando Fernández Murillo, y seis años de retirada del permiso de conducir. Se le imputa un delito contra la seguridad por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, cinco delitos por homicidio por imprudencia grave y diez delitos de lesiones por imprudencia grave.
A estas peticiones se han adherido los diferentes letrados por parte de la acusación particular en representación de los diferentes afectados por el incidente.
Uno de los letrados de la acusación particular, Manuel Fernández Poyatos, solicitó establecer alguna medida restrictiva sobre la situación de libertad de la que goza el único acusado en dicho proceso hasta dictarse sentencia, cuestión que desestimó la jueza.
El abogado de la aseguradora de la máquina pidió que se moderase la responsabilidad civil a tenor del «exceso» de velocidad del autobús. La letrada de los dueños de la máquina insistió en ese exceso de velocidad del bus. José Duarte, abogado defensor del acusado, adelantó que no presentará recurso a la sentencia que se derive de este juicio.