UPA-UCE ha calificado como “tremendamente injusta e ilógica” la decisión de la jueza encargada del caso que afecta a esta organización agraria de decretar prisión para su secretario general, Ignacio Huertas, y el secretario de Administración, Maximiliano Alcón.

UPA-UCE ha exigido la “liberación inmediata” de sus dos responsables y ha pedido a la jueza que reflexione sobre la “lógica y la conveniencia” de una medida que han tildado de “desproporcionada”.
La organización ha asegurado que han sido víctimas de una “falsa denuncia” que ha hecho incurrir en un “grave error” a la Guardia Civil. Las formas en que se ha desarrollado la operación han sido, en su opinión, “vergonzosas y humillantes”. Creen que el Instituto Armado debería haber tenido en cuenta el prestigio de unas personas que son “conocidas, queridas y respetadas” en la historia del sindicalismo agrario de la región.
“El sentimiento es de injusticia y de desmesura”, han reconocido. “No creemos que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura”.
UPA-UCE ha explicado que “ya están analizando todo lo ocurrido y preparando nuestra defensa. El apoyo que hemos recibido ha sido muy fuerte, y eso prueba que somos una organización querida y respetada por la sociedad. Demostraremos que somos inocentes”, han concluido.
Horas antes eran puestos en libertad con cargos otros cuatro responsables de la organización que habían sido detenidos.