Actuaciones de la Guardia Civil contra la caza furtiva con galgos en diferentes comarcas pacenses

perros

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a diez personas como presuntos autores de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos.
Son cuatro actuaciones no relacionadas entre sí llevadas a cabo desde finales del pasado año, enmarcadas dentro de los dispositivos establecidos para prevenir la caza furtiva.
Dos de ellas, en fincas de los términos municipales de Llerena y Granja de Torrehermosa, cuando el SEPRONA de la Guardia Civil de Azuaga con la colaboración de Guardas Rurales sorprendieron a seis vecinos de Mérida cazando la liebre con perros galgos en un día no hábil y sin autorización del titular del coto de caza.

Personas que hacían uso de visores térmicos para advertir la presencia de las piezas de caza, previa a la suelta de los perros para abatirlas.
En la inspección de los animales utilizados en la comisión del supuesto delito, se pudo comprobar que algunos de ellos carecían de identificación y documentación sanitaria.
Las otras dos actuaciones de similares características, en cotos de caza de términos emeritenses y santeños, agentes de la Guardia Civil de La Roca de la Sierra y SEPRONA de Fuente de Cantos, contaron también con la cooperación de la Directiva de la propia Sociedad Deportiva afectada, consiguiendo implicar a otras cuatro personas, vecinas de Montijo y Fuente del Maestre, que igualmente habían sido sorprendidas cazando liebres con galgos sin la preceptiva autorización del coto.
A los diez responsables de los ilícitos penales, se les instruyó diligencias como investigados por un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, y se les propuso para sanciones administrativas al carecer de identificación y documentación sanitaria de algunos de los animales utilizados.
Animales que han quedado bajo custodia de sus propietarios a disposición de la autoridad judicial.
Ahora, según lo establecido en el Código Penal, se enfrentan a penas de multa de 4 a 8 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de 1 a 3 años.
Las diligencias instruidas en cada uno de los casos, han sido entregadas en su Juzgado de Instrucción correspondiente.
La Guardia Civil indica que es fundamental la colaboración ciudadana, especialmente por parte de las propias sociedades, cazadores y Guarda Rural, con el objetivo de intentar erradicar y evitar el furtivismo.

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