La Justicia ha ordenado abrir una investigación para determinar si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y contra la salud pública en la utilización de productos fitosanitarios en espacios públicos por parte de la empresa municipal Agrimusa de Don Benito.

El auto judicial pide que se cite a declarar como investigados al concejal y presidente del consejo de administración de Agrimusa, Juan Antonio Merino, y al empresario y también miembro del consejo, Emilio Camacho. En el primer caso para esclarecer si, como denuncia Ecologistas en Acción de Extremadura, colectivo personado en esta causa, el edil habría ordenado “la compra y utilización de productos fitosanitarios prohibidos para zonas de uso público que pueden ocasionar en las personas intoxicaciones y otras enfermedades”.
Sobre el empresario es para esclarecer si, como también denuncia Ecologistas en Acción la empresa suministradora de esos fitosanitarios (o, al menos, una de ellas) pertenece a uno de los miembros del Consejo de Administración de Agrimusa, Emilio Camacho, “lo que sería contrario a la disposición adicional decimoquinta de la Ley de bases del régimen local”, por lo que pide la declaración como investigado de este segundo denunciado.
La parte dispositiva del auto dictado por la Audiencia Provincial de Badajoz, sección número 3 de Mérida, estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la anterior gerente de la empresa pública municipal dombenitense, Rosa Menéndez, contra el sobreseimiento inicial de las actuaciones.
Sin prejuzgar su posible calificación definitiva y sin perjuicio de lo que en definitiva resulte, la Audiencia acuerda la continuación de las diligencias previas por sus trámites para el completo esclarecimiento de los hechos y ello porque de las alegaciones efectuadas, “aparecen indicios suficientes de haberse podido cometer la citada infracción penal y el archivo nos parece prematuro”.
El auto de la Audiencia Provincial estima oportuno, en el actual estado de las diligencias, continuar el procedimiento por sus trámites y cuando menos se practique las diligencias instructoras consistentes en la declaración de los dos denunciados.
También estima oportuna la diligencia de prueba interesada por la acción popular, Ecologistas en Acción Extremadura, consistente en el requerimiento a la empresa pública municipal para que aporte copia autenticada de todas las facturas de compras efectuadas por Agrimusa de productos fitosanitarios de cualquier índole (insecticidas, plaguicidas, biocidas, acaricidas, fungicidas, etc.), así como las diligencias que la Juez de Instrucción considere oportunas para aclarar en qué medida los productos utilizados pueden afectar a la salud de las personas y cuantas diligencias de investigación considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos.
Cabe recordar por otra parte que el Juzgado de lo Social número 1 de Badajoz ha declarado la nulidad del despido de la anterior gerente de la Empresa Municipal Agrimusa de Don Benito, Rosa Menéndez, instando al ayuntamiento a su readmisión.
Este fallo se produce tras la demanda ante dicho juzgado presentada por la afectada contra su despido aprobado en el consejo extraordinario de Agrimusa celebrado en agosto del pasado año con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos.
Semanas después, el ayuntamiento dombenitense presentaba a un nuevo gerente de la empresa municipal Agrimusa.