Comisiones Obreras reclama que se intensifique el control de la Inspección de Trabajo en Extremadura frente a las resistencias de algunas empresas a cumplir la exigencia legal de elevar el salario mínimo a 900 euros y para evitar el fraude en la contratación con contratos de menos horas de las que realmente se trabaja o con contratos temporales cuando deberían ser estables.

En una reunión reciente con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, los representantes de Comisiones Obreras trasladaron que, una vez ha concluido el mes de enero, con todas las nóminas ya pagadas y registradas, se puede verificar por parte de la Inspección qué empresas están cumpliendo con la aplicación del nuevo salario mínimo y cuáles no.
Ante esta situación, dicho sindicato insta a la Administración a que desempeñe su labor de control y vigilancia del cumplimiento de la ley, sobre todo en sectores como el agrario o en el de las empleadas de hogar, que es donde se están observando más reticencias a elevar el salario mínimo a las nuevas cantidades exigidas.
Por otra parte, Comisiones Obreras insiste en que hay que terminar con el fraude en la contratación con más campañas de inspección y visitas a las empresas, comprobando que estas cumplen con la ley.
Por un lado, hay que hacer extender el contrato de fijo-discontinuo frente al contrato eventual para aquellas personas que son contratadas campaña tras campaña de forma permanente, algo muy habitual en el sector hortofrutícola. Además, el contrato de fijo-discontinuo ofrece al trabajador una situación de certidumbre y de ventajas en sus derechos que el eventual no produce, más allá de que se trate de una situación de fraude.
Por otro lado, Comisiones Obreras señala que es necesario un mayor esfuerzo en la lucha frente a la contratación parcial fraudulenta y frente a la figura de los falsos autónomos. “Hay que ser mucho más vigilantes ante aquellos empresarios que pretenden que sus empleados o empleadas trabajen más horas de lo que consta en sus contratos o que les fuerzan a registrase como trabajadores autónomos para eludir sus responsabilidades fiscales y sociales. Esto se está produciendo fundamentalmente en sectores como la construcción, la hostelería o el sector agroalimentario”.
El sindicato también considera que se debería llevar a cabo un control más exhaustivo sobre la situación de los becarios y las prácticas no laborales de los estudiantes universitarios. Desde CCOO se apuesta porque estas personas trabajen con garantías dentro de las condiciones a las que está sujeto su contrato formativo y no se utilicen para puestos de trabajo de carácter estructural.
Una cuestión más en la que CCOO hizo énfasis en esta reunión es la necesidad de combatir la discriminación laboral que sufren las mujeres. Como ejemplo, la persistencia de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras, que en Extremadura se sitúa en torno a 4.000 euros anuales.
Desde la Dirección General de Trabajo se comunicó a los agentes sociales que la Inspección de Trabajo en la región será reforzada con una nueva plaza en la provincia de Badajoz y que se iba a formar un cuerpo específico para hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales y reducir la siniestralidad, algo que CCOO venía pidiendo desde hace años.
CCOO saluda que se amplíe la plantilla de la Inspección de Trabajo, pero apunta que hace falta más personal y que el sindicato seguirá demandando una plantilla mayor, pues todavía es claramente insuficiente y se mantendrá el desbordamiento de trabajo y la imposibilidad de controlar todos los abusos y fraudes por parte de las empresas.